Luego que la Cámara de Diputado aprobara el pasado jueves el proyecto enviado desde el Ejecutivo que prevé evitar las excarcelaciones de aquellos que en su momento de detención portaran armar, diferentes sectores se mostraron disconformes con la medida y realizaron un planteo de inconstitucionalidad, y un pedido de audiencia pública.
Profesionales, docentes, organizaciones sociales y particulares presentaron un pedido de audiencia pública ante el Vicegobernador, Gabriel Mariotto, para que el proyecto sea debatido de cara a la sociedad antes de su tratamiento en la Cámara Alta, según publica el portal Diagonales.com.
El pasado jueves, la Cámara de Diputados, por mayoría, dio media sanción al proyecto de Ley que es blanco de críticas de diferentes organizaciones sociales defensoras y promotoras de Derechos Humanos y de un plan de seguridad democrático haciendo foco en la Constitución Nacional.
En este sentido, la Provincia se apresta a sancionar una ley que prohíbe la excarcelación de todos los portadores o tenedores de armas de fuego de cualquier calibre que intenten "eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento".
Ante esto, desde distintos sectores se objetó la iniciativa y presentaron un pedido para que la norma, antes de ser tratada en el Senado provincial, sea debatida en audiencia pública. Abogados, defensores oficiales, jueces, periodistas, ciudadanos y trabajadores expresaron su “más profunda preocupación ante la inminente reforma que se plantea y que ya posee media sanción legislativa; en especial teniendo en cuenta el impacto que la misma tendría nivel población carcelaria; y, primordialmente, sobre el ámbito de libertades públicas de niños y adolescentes eventualmente procesados”.
“Creemos que una reforma de semejante índole no puede ser sancionada a las apuradas, sin un amplio debate previo, y sin antes ser escuchado el punto de vista de ciudadanos y ciudadanas, miembros de la sociedad civil, funcionarios públicos y organismos de DDHH”, detallaron en el documento oficial.
Una iniciativa similar se realizó durante el año 2010, en el marco de la reforma del Código Contravencional provincial, cuyo objetivo subyacente era otorgarle más poder y autonomía a la Policía bonaerense en el manejo de la calle y ante posibles conflictos sociales, para actuar sin autorización judicial ni control civil.
El proyecto del gobernador Daniel Scioli fue enviado a la Legislatura en un marco de saturación de cárceles y centros de menores que no cuentan con las condiciones mínimas de alojamiento para las personas privadas de su libertad que, en su mayoría, están detenidas sin condena firme. Cabe recordar que la Carta Magna establece que las cárceles serán para resociabilizar y no para castigar.
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