GI-2, bloqueador de teléfonos celulares en las cárceles

En Brasil hay una dramática lucha entre el Estado y una organización criminal llamada Primer Comando da Capital. Desde las cárceles paulistas se está gestionando la delincuencia en las calles. En cualquier cárcel, la requisa es motivo de enormes problemas y hasta motines. Por lo tanto, se instalará en los penales un bloqueador de llamadas celulares: no hace falta una requisa de teléfonos móviles, directamente no serán operativos en los recintos carcelarios.  En Salvador de Bahía, donde se implementó, el bloqueador inutilizó 1.500 teléfonos celulares en el penal y la criminalidad en la ciudad cayó 25% de inmediato.Probado recientemente en el complejo penitenciario de Salvador de Bahía, que tiene 6.000 reclusos, el maletín detectó 1.500 celulares en posesión de los presos. Los aparatos fueron identificados, bloqueados y más tarde eliminados. Una estadística refuerza, en el gobierno, la creencia en la eficiencia del equipamiento: en los días siguientes, la criminalidad general en la capital baiana -incluyendo homicidios– tuvo una reducción promedio de 25%. S. PAULO (O Estado). Para reforzar el combate a la violencia de São Paulo, el Ministerio de Justicia federal incluyó en el paquete de ayuda al Estado paulista un moderno aparato para bloqueo de celulares enlas  cárceles. Bautizado GI-2, el maletín de interceptación de última generación identifica con precisión el número de la línea operativa desde el equipo y el chip que porta, es un arma especial en el combate de organizaciones criminales comandadas dentro de las cárceles (el Primer Comando de la Capital o PCC, por ejemplo).   Hasta ahora, además de las víctimas civiles, la guerra no declarada entre el PCC y las fuerzas de seguridad dejó 93 policías militares muertos. Se sabe, desde agosto, que las órdenes de matar policías provienen desde dentro de las cárceles.   Probado recientemente en el complejo penitenciario de Salvador de Bahía, que tiene 6.000 reclusos, el maletín detectó 1.500 celulares en posesión de los presos. Los aparatos fueron identificados, bloqueados y más tarde eliminados. Una estadística refuerza, en el gobierno, la creencia en la eficiencia del equipamiento: en los días siguientes, la criminalidad general en la capital baiana -incluyendo homicidios– tuvo una reducción promedio de 25%.   El equipamiento fue usado por primera vez en 2006 por el Departamento Penitenciario Nacional (Depen) en la cárcel federal de Catanduvas, a 470 km de Curitiba, en el estado de Paraná. Es una matriz arquitectónica importada desde USA, construida bajo el modelo de los Supermax (Supermax and Security Housing Units), con vigilancia electrónica que captura imágenes adentro y afuera del penal transmitidas en tiempo real a la Policía Federal de Cascavel (a 45 km de distancia de Catanduvas) y al Departamento Penitenciario Nacional de Brasilia.   Para el director del Depen, Augusto Rossini, las consecuencias de lo que ocurrió en Salvador no fue casual y confirma los análisis de inteligencia que señalan el uso de celular en las cárceles como factor de alimento de la violencia en las calles. “Se lo frecimos al gobierno paulista, y por la eficiencia del aparato, estamos seguros de que la idea será adoptada”, afirmó Rossini. El maletín usa el principio de Estación Radio Base (ERB) para identificar y bloquear todos los celulares de un área, sin afectar los del vecindario.   Desarrollado en Israel, el equipo usa la frecuencia de las ondas de telefonía por la cual los presos se comunican, pero no tiene función de escucha, que solo puede hacerse con autorización judicial, explicó el director. O sea que no hay una interferencia de la línea para escuchar sino solamente la imposibilidad de operarla. Cada kit cuesta hoy R$1 millón (US$ 481.811), pero el precio puede caer si hubiera una demanda en cantidad. El Depen planifica expandir el uso de maletín a las cárceles de todo el país. El gobierno paulista quedó en analizar y dar respuesta a la oferta posteriormente.   Para tener una idea del costo de adopción de la idea, São Paulo tiene 143 unidades penitenciarias –y cada una debería recibir por lo menos un kit. La construcción de una penitenciaria paulista demanda, en promedio, R$25 millones (US$ 12 millones), de acuerdo con datos de 2010.   Rossini dijo que la situación de las cárceles está siendo enfrentada por el gobierno con un plan que tiene como objetivo eliminar el déficit de 60.000 plazas en las comisarías hasta 2014 y contener el crecimiento de la población carcelaria en las penitenciarías estaduales. Solo en São Paulo, el déficit es de más de 50 lugares.   El gobierno también invertirá en medidas que resultan en la reducción de la masa carcelaria, como trabajos colectivos de revisión penal y estímulo a penas alternativas para delitos menos graves. Es el caso de 70 presos por hurto y jóvenes detenidos con pequeña cantidad de droga. “No queremos quedar en la historia como constructores de cárceles, sino por medidas que impacten en la reducción de lugares y por humanizar las condiciones carcelarias”, destacó.